El transporte en el Perú siempre ha estado en crisis permanente, las ofertas nunca han superado las expectativas de los usuarios, sea por deficiencia en la calidad o en la cantidad, esta visión también incluye al transporte aéreo y porqué no al inexistente transporte acuático.
El traslado de personas y mercancías al interior del país debe apreciarse desde un punto de vista integral, a pesar que la movilidad por carretera congrega el mayor movimiento, el transporte debe verse como un todo, donde las diferentes modalidades de transporte terrestre se sustituyan una sobre otras en función a su rentabilidad ambiental, social y económica; el transporte aéreo de personas y carga se adicione al sistema por la inaccesibilidad de algunas zonas y la reducción de los tiempos, como factores determinantes de eficiencia para el usuario; de la misma manera, el transporte acuático se integre como complemento indiscutible en el traslado intermodal debido a la factibilidad de la navegación acuática frente a lo agreste de la selva tropical que impiden la movilización terrestre.
En el Perú el transporte no es asumido como un sistema, las diversas modalidades caminan separadamente, la visión política que se tiene de él descansa en la buena voluntad de las fuerzas del mercado, si bien la individualidad impulsa el desarrollo, empero no es suficiente para sostenerlo. Es legítimo para quienes están en el negocio del transporte rentabilizar su inversión en función a sus intereses, más aun cuando el Estado no ha establecido previamente un regulación con determinados objetivos alcanzar y la manera de cómo llegar a éstos.
El Estado no debe ni puede estar ajeno, no hay que olvidar que la explotación que hacen los particulares de los servicios de transporte requiere de una infraestructura cuya inversión asumida y arbitrada por el Estado (es mucho mayor a la realizada por los particulares) sin ésta muchos de los servicios de transporte no se ofrecerían o de hacerlo no tendrían el actual desarrollo, razón suficiente para que el Estado en representación de la sociedad fije los objetivos en el sector.
No intentamos impulsar una propuesta estatista, al contrario, la iniciativa privada es necesaria para empujar y crear un sistema de transporte que integre a todas las modalidades, pero el Estado debe marcar un derrotero, una regulación suficiente que responda a un plan de desarrollo que involucre sostenibilidad económica del servicio y satisfacción del usuario en reducción de tiempos y costos de los servicios.
Por último la intervención del Estado se justifica en razón de que el servicio de transporte de personas y carga tiene un contenido esencial para el desarrollo del país, el transporte como actividad intermedia influye de manera transversal en todas las demás actividades económicas.
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